Cuerpos desmembrados: la desintegración existencial de la mujer

No escribo estas líneas solo desde la teoría. Tampoco únicamente desde el derecho. Escribo desde la experiencia concreta, desde haber visto de cerca lo que significa que la violencia no se detenga con la muerte, sino que continúe sobre el cuerpo de las mujeres.

El cuerpo de una mujer (y en el caso de Agostina Vega, de una niña) no es solo un cuerpo: es identidad, historia, proyecto de vida. Por eso, cuando ese cuerpo aparece desmembrado, no estamos ante un dato más del expediente penal, sino ante una de las formas más extremas de violencia misógina.

El caso de Agostina Vega nos enfrenta a esa crudeza insoportable. Pero no es un hecho aislado. Lamentablemente, en nuestro país estos patrones de violencia se repiten con una lógica que estremece.

Tuve intervención funcional, desde mi rol judicial en la provincia de Catamarca, en el caso de María Rita Valdez, el primer fallo condenatorio dictado en el país bajo la figura de femicidio. Allí, el cuerpo también fue objeto de una violencia que excedía el acto de matar. No se trató solo de quitar la vida; se trató de ejercer dominio, de borrar, de degradar. De dejar un mensaje.

El hecho ocurrió en 2013, en la provincia de Catamarca. María Rita Valdez, de 21 años, madre de dos hijos, era explotada sexualmente por su victimario. La Cámara Penal, por unanimidad, condenó a Francisco Andrés Quiroga, de 53 años, a reclusión perpetua por femicidio (artículo 80, inciso 11, del Código Penal, que castiga con la pena máxima el homicidio agravado por ser víctima una mujer, al ser el hecho perpetrado por un hombre mediando violencia de género). La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia con las firmas de los jeces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt.

Años más tarde, Catamarca volvió a enfrentarse a un horror similar con el caso de Brenda Micaela Gordillo. Otra vez el ensañamiento. Otra vez la destrucción del cuerpo. Otra vez la violencia que continúa más allá de la muerte, como si el agresor necesitara reafirmar su poder incluso cuando la víctima ya no puede defenderse.

Y allí aparece una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué significa desmembrar un cuerpo en clave de violencia de género?

No es solo ocultamiento. No es solo una estrategia para entorpecer la investigación. Es, muchas veces, una expresión de dominio absoluto. Es la cosificación llevada al extremo. Es transformar a la víctima en “partes”, en algo manipulable, descartable, sin humanidad.

El desmembramiento, en contextos de femicidio, tiene un componente simbólico brutal: borrar a la mujer como sujeto. Fragmentarla no solo físicamente, sino también en su condición de persona. Es una forma de violencia que no termina con la muerte: continúa sobre el cuerpo, en un intento de ejercer el poder total.

Cuando la víctima es una niña, la gravedad se multiplica. Porque allí no solo se intersectan la violencia de género y la misoginia, sino también la violencia contra la infancia. La vulnerabilidad es extrema. La obligación de protección del Estado también debería serlo. Y, sin embargo, los hechos muestran otra cosa.

Catamarca no es ajena a estas dinámicas. Nuestra provincia ha conocido casos donde el ensañamiento con los cuerpos de las víctimas revela una dimensión particularmente cruel de la violencia. No alcanza con decir que se trató de homicidios. Hay algo más profundo: una lógica de destrucción que busca anular a la mujer incluso después de muerta.

Estos crímenes nos obligan a salir del análisis meramente penal. No alcanza con hablar de tipificación, agravantes o penas. Es necesario comprender que estamos ante fenómenos que expresan desigualdades estructurales, mandatos de poder y formas extremas de dominación.

El cuerpo desmembrado es, en este sentido, un mensaje. Un mensaje violento, disciplinador, que busca instalar miedo, sometimiento y control sobre las mujeres.

Por eso, frente a estos hechos, la respuesta no puede ser solo punitiva: debe ser también preventiva, estructural, cultural. Debe interpelar al Estado en su rol de garante, pero también a la sociedad en su conjunto.

Porque cada vez que una mujer (y peor aún, una niña) es asesinada, y su cuerpo es destruido de esta manera, no estamos solo ante un crimen: estamos ante el fracaso colectivo de haber permitido que la violencia alcance su forma más extrema. Y eso no puede naturalizarse nunca.